Introducción
En esta nueva entrega de nuestra serie “Doing Business en el Perú”, presentamos una visión general del régimen laboral peruano.
El régimen laboral peruano combina la protección de derechos laborales esenciales con la posibilidad de adaptarse a distintas realidades empresariales. A través de contratos modales, regímenes especiales y reformas recientes como el teletrabajo, el sistema busca ofrecer herramientas para que las empresas operen con flexibilidad, pero bajo parámetros claros y fiscalizables. Entender estos principios permite a los empleadores planificar adecuadamente su estructura laboral, controlar contingencias legales y proyectar costos reales de operación.
En el Perú, todo contrato de trabajo se presume celebrado a plazo indefinido, salvo prueba en contrario. Los contratos sujetos a modalidad —como los de duración determinada, por necesidad de mercado o servicios específicos— deben estar debidamente sustentados, formalizados y registrados ante el Ministerio de Trabajo.
Los trabajadores tienen derecho a una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, dos gratificaciones al año, vacaciones anuales de 30 días, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y participación en utilidades en ciertos sectores. La remuneración mínima vigente es de S/1,025 mensuales.
Desde el punto de vista del empleador, los costos laborales incluyen contribuciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) equivalentes al 9% de la remuneración, y al sistema previsional, ya sea mediante un aporte del 13% a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o un porcentaje variable si el trabajador está afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Estas cargas sociales deben considerarse al estructurar presupuestos de personal.
El marco normativo también contempla el trabajo remoto, que debe formalizarse por escrito y garantizar condiciones adecuadas, voluntariedad y derecho a la desconexión digital. Asimismo, toda empresa está obligada a implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con evaluaciones de riesgos y medidas preventivas activas.
La fiscalización del cumplimiento de las normas laborales está a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que cuenta con facultades para realizar inspecciones, emitir sanciones y orientar a los empleadores. Las multas pueden ser significativas, por lo que resulta esencial contar con políticas laborales claras y alineadas con la normativa vigente.
En las próximas entregas de este capítulo, profundizaremos, entre otros, en los siguientes temas:
- La contratación legal de trabajadores y formalización de beneficios laborales.
- El empleo de personal extranjero, ejecutivos y prestadores de servicios independientes.
- Los procedimientos para la terminación del vínculo laboral y el cálculo de compensaciones.
- Las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, teletrabajo y protección de datos personales.
