La minería ilegal sigue siendo un desafío persistente en Perú, afectando negativamente la inversión y la economía del país. Durante su reciente discurso por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte enfatizó la necesidad de combatir esta actividad, destacando operativos realizados y medidas de seguridad en áreas protegidas. Sin embargo, las acciones tomadas hasta ahora son insuficientes para enfrentar la magnitud del problema.
La minería ilegal no solo degrada el medio ambiente y pone en peligro la biodiversidad, sino que también alimenta una economía ilícita que supera incluso al tráfico de drogas. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, como la destrucción de campamentos y plantas procesadoras ilegales, la presencia policial no siempre se traduce en intervenciones efectivas en las bocaminas ocupadas por mineros ilegales.
Expertos del sector minero, han señalado la falta de un plan integral y sostenido para abordar el problema. La ausencia de una trazabilidad efectiva en la cadena productiva de la minería y la falta de control sobre el uso de explosivos son aspectos críticos que deben ser abordados. Además, la reciente derogatoria de disposiciones clave y la falta de firmeza del Ejecutivo en este tema generan preocupación y desconfianza en el sector.
Para promover un entorno de inversión estable y seguro, es imperativo que tanto el poder Ejecutivo como el Congreso trabajen de manera comprometida y coordinada. Se necesitan medidas más contundentes, incluyendo la implementación de un plan nacional con plazos claros y la participación de múltiples sectores para garantizar un control efectivo de la minería ilegal. Solo con un compromiso real y acciones concretas se podrá avanzar hacia una solución sostenible que proteja los recursos del país y fomente un desarrollo económico justo y responsable.
