La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta clave de regulación del gobierno de los EE.UU. Su objetivo: combatir el soborno a funcionarios públicos extranjeros y exigir transparencia contable en las operaciones internacionales. Aunque se trata de una ley estadounidense, su alcance no se limita a empresas con sede en ese país. Basta una transferencia en dólares, un socio registrado en EE.UU. o el uso del sistema financiero estadounidense para que la jurisdicción quede activada.
Para empresas que operan o invierten en América Latina, este marco legal plantea implicaciones concretas. La región sigue enfrentando retos estructurales en materia de integridad pública, y muchas operaciones comerciales legítimas —como licitaciones, concesiones o trámites aduaneros— se desarrollan en un entorno de riesgo. La FCPA no distingue por tamaño ni nacionalidad: regula conductas, no domicilios fiscales.
Qué prohíbe la FCPA
La FCPA sanciona cualquier intento de influir indebidamente a un funcionario extranjero mediante la oferta, promesa o entrega de «cualquier cosa de valor» —desde pagos en efectivo hasta regalos, viajes, contratos o favores indirectos— incluso de bajo monto, si hay intención de obtener una ventaja comercial.
Es crucial entender que la definición de «funcionario extranjero» es muy amplia, incluyendo a empleados de empresas de propiedad estatal (SOE). A esto se suman requisitos contables exigentes: mantener registros detallados, controles internos adecuados y una trazabilidad que permita auditar cualquier operación vinculada a pagos de terceros.
La ley también responsabiliza a las empresas por pagos corruptos realizados a través de intermediarios si se tenía conocimiento, o se ignoraron deliberadamente, las señales de alerta.
Suspensión temporal
En febrero de 2025, una orden ejecutiva en EE.UU. suspendió temporalmente la aplicación penal de la FCPA por parte del Departamento de Justicia. La suspensión es limitada en tiempo y alcance: no afecta la acción civil de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que sigue plenamente operativa. Las investigaciones pueden reanudarse en el futuro, y la norma sigue vigente.
La FCPA no es una cuestión exclusiva de grandes multinacionales estadounidenses. Para cualquier empresa con exposición internacional, representa una fuente de riesgo legal y reputacional que merece atención. Un enfoque proactivo en el cumplimiento no solo mitiga riesgos y evita sanciones, sino que también genera confianza con socios, inversores y clientes. Además, otros países han implementado leyes anticorrupción que pueden ser incluso más estrictas que la FCPA, haciendo que el cumplimiento global sea una necesidad ineludible.
En la próxima entrega de M&CO LE EXPLICA, profundizaremos en los riesgos específicos de la FCPA en América Latina y las estrategias clave para mitigarlos eficazmente.
